Ley de Residencias Médicas: La recta final, por Carolina Corcho

Carolina Corcho

En este momento cursa en el Senado de la República un proyecto de ley que busca revertir una deuda histórica que existe con los médicos residentes, que son los médicos graduados que cursan especialidades médico quirúrgicas con duración de tres a cinco años, que les implica prestar servicios de salud como médicos en instituciones hospitalarias, con todos los riesgos médicos-legales que esto implica y prestar servicios docentes y de investigación con el pregrado de las universidades. Lo aberrante es que además deben pagar excesivas matrículas a las universidades que llegan a los 40 millones anuales, no reciben ningún tipo de remuneración por parte del Hospital, algunos de estos médicos, que son 5000 en el país, no tienen si quiera acceso a la seguridad social mediante cotización a pensión y a salud.

Con el objetivo de revertir esta injusticia social, en el 2017 se instauró una iniciativa de carácter parlamentario con la coautoría y apoyo de los gremios médicos del país, que busca darle reconocimiento a los residentes como trabajadores, con una remuneración de mínimo tres salarios mínimos mensuales vigentes y todos los derechos de ley. De otro lado se busca regular las matrículas universitarias a los mínimos razonables, costos operativos y administrativos, lo que implica además la prohibición de que las universidades deban pagar de las matrículas de los residentes montos a los hospitales universitarios. Práctica que no es generalizada, pero que se ha instaurado en el distrito capital, lo que sella un círculo de explotación laboral. En el que un joven médico presta servicios a clínicas y hospitales, sirve como docente e investigador de una universidad de tiempo completo, y además debe endeudarse para pagar a ambas instituciones.

El proyecto de ley se encuentra próximo a su cuarto y último debate en la plenaria del senado, y tiene no pocos contradictores. De un lado algunas instituciones de educación superior que no aceptan perder los cuantiosos y excesivos ingresos que generaban con las matrículas de los residentes. No obstante la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, haya aceptado que es pertinente y necesaria esta regulación. Algunas Clínicas y Hospitales que no aceptan que no vayan a volver a recibir los montos que de manera arbitraria y sin ninguna regulación legal pactaban con las Universidades para que les pagaran.

Al respecto ha habido solicitudes por parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales al Congreso y al Gobierno, de suprimir el parágrafo que prohíbe el cobro de estas contraprestaciones. De ser aceptada esta solicitud se inviabiliza todo el proyecto de ley, porque se caería en la perversión de que el Estado financia con recursos a un trabajador de la salud con un salario, y este de manera indirecta termina en pagos de matrículas a universidades y contraprestaciones a hospitales. En ese caso el Residente sería un intermediario para que con recursos del Estado se financie a otras instituciones públicas o privadas. Se desmonta todo el concepto de reconocimiento de derechos laborales que es el núcleo central de la ley.

De otro lado el Gobierno Nacional, con la vocería de sus Ministerios ha puesto trabas al proyecto de ley. El Ministerio de Educación dice que este afecta la autonomía universitaria por meterse a regular matrículas. Este es un curioso concepto porque ASCOFAME, ASCUN , la Universidad Nacional de Colombia, no encuentran dificultad en esta regulación, y son las universidades las depositarias de la Autonomía Universitaria. En ese caso la sociedad supera en reconocimiento de derechos al propio Estado. El Ministerio de Hacienda envió un concepto negativo por alto impacto fiscal del proyecto y afectación de finanzas públicas, fundamentado en cifras inexistentes de 10 mil residentes, cifras que no corresponden a la realidad dado que son 5000. No se entiende como un Ministerio de Hacienda que tiene la tecnocracia del Estado para definir la situación fiscal del país, ni siquiera cuenta con los sistemas de información y datos básicos para emitir conceptos de su resorte al legislativo. El Ministerio de Salud reconoce la problemática, pero dice que existen mayores problemas para resolver en el sector salud, presenta objeciones al articulado, pero públicamente no han presentado alternativas.

En medio de este panorama que pareciera negativo, el ambiente es positivo en el Congreso de la República, hasta el momento los distintos candidatos presidenciales se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, uno esperaría ver reflejado esto en el voto afirmativo de sus bancadas en el Congreso. Las organizaciones médicas, estudiantiles y universitarias en todo el país preparan manifestación el próximo 25 de abril en la plaza de bolívar y en las principales ciudades para solicitar al Cogreso aprobación de último debate en plenaria de Senado. De lograrse esto, se habría acabado en Colombia con unas de las formas de esclavitud del siglo 21 y se habrá dado un paso hacia la construcción de justicia social.

Carolina Corcho Mejía

Médica Psiquiatra y Politóloga

Expresidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR

Vicepresidenta Gremial de la Federación Médica Colombiana

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