La historia: cuando intentaron sacar a Petro de la Alcaldía

Petro no se va porque mi voto se respeta: José Cuesta Novoa

José Cuesta Novoa

Transcurrían los primeros días del mes de diciembre de ese aciago año. En la tarde de la jornada de las velitas y los faroles, fui sorprendido por una llamada de Augusto Rodríguez, hombre de confianza del alcalde Petro. Con su característico tono ejecutivo, atino a decirme, lo espero el próximo lunes 9 de diciembre, a las 9 am en el despacho. El nueve a las nueve.

Así fue, ese famoso lunes me levante con una dosis adicional de optimismo, tenia ilusión de conversar nuevamente con el alcalde mayor, a quien había saludado tres semanas atrás en patio bonito, desde donde despachaba hacia un mes con todo su gabinete, en las cálidas instalaciones de un jardín infantil de la secretaria de integración social, dando forma a una bella experiencia de gobierno de proximidad, descentralizado, innovador en materia de gobernanza, con la presencia de las comunidades del territorio participando y decidiendo la inversión de recursos públicos en los diversos programas y proyectos de la Bogotá Humana. En esa ocasión el burgomaestre capitalino me pregunto, como veía la situación política del gobierno distrital, luego de un intercambio de opiniones sobre el tema, compartió esta sombría reflexión. “Siento que se esta cerrando el círculo, muy preocupante lo del disparo contra el edificio de la Procuraduría”. Respondí de manera escueta, parece un montaje.

El nazismo y el fascismo suelen proceder con ese tipo de estrategias, basta recordar el incendio del parlamento alemán en 1933, conocido como el incendio del Reichstag, del que que acusaron en forma apresurada al partido comunista alemán, con el fin de justificar la disolución del parlamento y la abolición de las libertades democráticas, para endurecer las medidas totalitarias.

Ese auto-atentado contra una ventana del piso 22 de la procuraduría, en pleno centro de Bogotá, ocurrido a mediados de noviembre, pretendía generar sentido de victimización y desviar la atención de la opinión pública, para poder continuar con sus torvos planes contra el Estado de Derecho.

Tome un taxi para llegar al palacio Liévano, en un santiamén estaba frente a su entrada principal, diligencie el ingreso sin mayores obstáculos, mientras subí las escaleras camino hacia el despacho respire un aire pesado, como si en la atmósfera estuviesen diseminadas diminutas partículas de la desgracia que estaba por acontecer. No tuve restricción alguna para llegar hasta el despacho, hecho inusual, si se tiene en cuenta los protocolos de seguridad que acompañan la dinámica de la vida institucional. Sentado en un cómodo sofá, apareció la comparsa de la aflicción, desfilaron frente a mis ojos, rostros descompuestos, adornados de lágrimas inconsolables, miradas sin horizonte, tristezas infinitas, rabias impotentes, en fin, un mar colmado por el desconcierto. De inmediato recordé la frase premonitoria de Petro, con la que culmino nuestra conversación en Kennedy, “Me van a destituir”.

Seguir esperando a Rodríguez era una insensatez. No era necesario preguntar a nadie, la noticia de la destitución de Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá, era un huracán viralizado que trascendía las fronteras capitalinas y nacionales. La verdad es que me encontraba tan desconcertado como las secretarias del alcalde. Salí caminando sin rumbo alguno, apenas traspasé la puerta de la oficina, encontré a quien estaba esperando; antes de saludarme me dijo, no podemos hablar, estoy citado al salón de crisis. No se preocupe Augusto, le respondí, no sin antes decir que saldría a la plaza para mirar que se podía hacer.

Espere encontrar en la plaza de bolívar, una hora después de la destitución del alcalde, un número importante de personas con las cuales preparar la respuesta al desafío planteado por la arbitrariedad. Cuando estuve en la mitad de ella, la desazón se hizo mayor al constatar la inmensa soledad humana, ratificada por la compañía de cientos de palomas, habitantes emblemáticos del ágora del libertador. Fue solo un instante de depresión, en un segundo recordé las imágenes de la resistencia social en otras latitudes, la plaza Tahrir en el Cairo, Egipto, en el oriente medio; o la acampada en Madrid. Estas evocaciones fueron ejemplos suficientes de dignidad para restañar la momentánea frustración y emprender nuevas batallas. En un mundo global, volátil, en donde la información y los datos vuelan a gran velocidad, no era una singular genialidad pensar que podíamos replicar el mismo libreto de las oxigenantes primaveras árabes o europeas contra el autoritarismo. De eso se trataba, de pensar en el intersticio, en la globalización no solo vuelan con experticia los capitales golondrinas, también vuelan con esa mima presteza los sueños y las esperanzas de multitudes inspiradas en el poder de la solidaridad. Con estas enseñas busque un computador con internet. De seguro que mientras invitaba por las redes sociales a una acampada permanente en la plaza, para derrotar la embestida del procurador Ordoñez, quien acababa de destituir a un alcalde electo popularmente, estaban cientos de personas frente a sus portátiles, sus celulares inteligentes, o sus flechitas, en esa misma tarea y con una iniciativa similar, insuflados de un sentimiento de indignación sin límites que lo único que necesitaba era el poder virtual de la comunicación.

Baje con rapidez desde la biblioteca Luis Ángel Arango, donde me encontraba enviando convocatorias por las redes sociales, alentando un alzamiento ciudadano contra el despotismo. Volví a la plaza, para ese momento encontré no menos de 30 compañeros del M-19, entre ellos, a Manuel Espinosa. Sentí confianza al encontrarlos, porque ellos son la representación de la certeza histórica de una raíz que no se sabe doblegar, de la cual recogimos el aprendizaje de la dignidad que se irriga por las venas del alma, transmitiéndonos la consistencia moral indispensable para enfrentar aquellos momentos de intensas encrucijadas políticas. Ese encuentro con la historia de la rebeldía fue determinante, me llene de razones poderosas para creer que todo era posible. Le dije a Manuel, viejo mañe, la destitución de Petro es un golpe contra la constitución del 91 y por lo tanto es una violación a los acuerdos de paz del M-19. Mañe asintió con su cabeza, concediéndome la razón. Proseguí entre exaltado y frenético, hermano nos la pusieron muy dura, nuestra respuesta no puede ser inferior. Que propone entonces me pregunto, compadre necesitamos 19 personas del M, para declararnos en huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias. Mañe me miro entre incrédulo y atortolado, antes de soltar su respuesta cargada de extraordinaria franqueza, no mi hermano a estas alturas, conmigo no cuenta para esas masoquistas aventuras. Quedé noqueado, dije para mis adentros, el tiempo no perdona.

Igual no había espacio para el lamento, lo importante es que estaban ahí, acompañándonos, firmes y convencidos en la lucha por la democracia. Empezaron a hacer presencia más y más ciudadanos, era un lunes rozando el medio día, la verdad los manifestantes no superábamos el centenar; entonces llegó la hora de la capella, porque a falta de equipo de sonido o del callejero megáfono, buena es la voz natural de la inconformidad. Comenzamos a gritar sin descanso que un funcionario público designado por un congreso ilegitimo como el colombiano, cubierto en forma permanente por el cáncer de la corrupción, no podía destituir a un funcionario electo, mediante el voto popular. Esa arenga se repitió una y otra vez, siempre a voz en cuello. La emoción desbordante que produce la conciencia de saber que actuábamos en nombre de la justicia, nos protegió la voz, porque después de dos horas de interminables amonestaciones a la actuación del procurador, ella seguía incólume, poderosa y firme como un cañón.

Sobre las 2 de la tarde, las y los indignados crecían en forma exponencial, a esa hora nuestro deseo se volvió realidad. Ya no era un palpito, un vano deseo o una ilusión sin ningún asidero. Cientos de cientos de personas se concentraban en la plaza, configurando los rasgos de una primavera bogotana, de una enorme movilización ciudadana contra el despotismo y repudio a la actuación del procurador, al destituir al alcalde Gustavo Petro, por haber acatado la orden de la Corte Constitucional, emitida a través de la sentencia T-24 de 2003, mediante la cual se obligó a la administración distrital a incluir a la población recicladora en la prestación del servicio de aseo y en la cadena de aprovechamiento ambiental de los residuos, manejados en ese momento por cuatro operadores privados.

Desde la fecha mencionada, las sucesivas administraciones distritales, en cabeza de la UAESP, omitieron la adopción de acciones afirmativas a favor de la población recicladora de Bogotá, cuando se trataba de la contratación del servicio público de aseo, destinadas a reparar la violación continua de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Este sistemático incumplimiento, obligó a un nuevo pronunciamiento de la Corte, esta vez, por medio de la sala tercera de revisión, la cual produjo el auto 275 de 2011, donde se ordenó incorporar a la población recicladora en el servicio público de aseo, particularmente en sus componentes de reciclaje, transformación y aprovechamiento

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte, el alcalde Petro expidió el decreto 564 de 2012, mediante el cual se crea un nuevo esquema del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, orientado por el programa basura cero, destinado a adaptar y mitigar los efectos del cambio climático en el distrito capital, priorizando la recuperación ambiental de los residuos, sobre la vetusta practica del enterramiento de las basuras en el relleno sanitario de doña juana. Es bueno recordar que la capital de la república produce al día, 7.200 toneladas de basura. El otro aspecto central del decreto 564 es la inclusión de la población recicladora y de su oficio, el reciclaje, como un componente sustantivo en el nuevo servicio público de aseo.

El arribo e ingreso a la plaza de una pequeña camioneta china, dotada de un equipo de sonido, se constituyo no solo en una vistosa presencia, sino además en un acto providencial, ya que la indignación no paraba de crecer, en ese orden de ideas, nuestras voces eran insuficientes frente a una verdadera multitud desenfrenada en su clamor por la restauración de la justicia. Tuvimos la fortuna de conectarnos con la gente al momento de plantearles un reto mayúsculo: una acampada permanente por la democracia, por la justicia, contra el fascismo y por la paz. Convocamos asambleas por localidades y por territorios, con el fin de organizar la logística del campamento. Insistíamos que la gente trajera carpas, colchones, cobijas, ollas, leña, agua, alimentos y todo lo necesario para resistir la embestida del fanatismo del procurador Ordoñez.

La génesis de la acampada fue un acontecimiento épico, primo la espontaneidad, la juventud, las mujeres, el derroche de imaginación, el carácter aventurero, la bohemia, la poesía urbana, el verso vagabundo, el deseo de reencontrarnos con la tierra, nuestras raíces, las semillas, nuestros ancestros, los hermanos mayores, las diversidades en todo su esplendor. No puedo dejar de anotar que, de las primeras carpas instaladas, una de ellas correspondía al movimiento LGBTI, en su entrada siempre se izó la bandera del arcoíris. La tarde amenazaba con extinguirse, la plaza estaba llena, estaba a reventar, una gigantesca marejada de nuevas ciudadanías se enfrentaba al oscurantismo, los cambuches en pleno centro de la ciudad empezaban a dibujarse con sus rústicos techos de plástico negro, los improvisados fogones acogían en su ardiente lecho a ollas gigantescas, en donde se cocinaban los hervores de los primeros tintos, cargados de un sentimiento extraño de resiliencia.

A las 7 pm, se abrió el balcón del palacio Liévano, ese mismo, desde el cual habló Jorge Eliecer Gaitán, en su calidad de burgomaestre capitalino. En esta ocasión era Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, quien le hablaba a una concentración de más de 50 mil ciudadanos, que no paraban de gritar PETRO NO SE VA. Después de una hora, termino su conmovedora alocución. Decidimos en forma inmediata realizar la primera asamblea general de los miembros de la acampada. Explicamos los objetivos políticos del campamento, a renglón seguido aprobamos por unanimidad que permaneceríamos en la plaza, hasta derrotar la conducta inquisitorial del procurador de atacar la democracia, mediante la destitución arbitraria del alcalde en ejercicio, por atreverse a cumplir lo ordenado por la corte constitucional, hacer justicia social con la población recicladora y aplicar justicia climática en el distrito capital al implementar el programa Bogotá Basura Cero.

La movilización ciudadana nunca perdió su fervor, su efervescencia, su calidad de lucha democrática por preservar el derecho a elegir y ser elegido, por garantizar el respeto al voto de más 732.000 ciudadanos que eligieron en las urnas a Petro como alcalde de Bogotá y, a su programa de gobierno como fundamento del plan de desarrollo Bogotá Humana. Esta movilización social fue trenzando una innovadora, audaz e inteligente apuesta de participación ciudadana para proteger la democracia, que se hallaba en peligro por un poder disciplinario, convertido en auténtica policía política, dedicada a perseguir y decapitar toda forma de opinión y acción gubernamental alternativa, diversa, heterodoxa y emancipada. La estrategia articulo la movilización ciudadana con la movilización judicial, de allí surgió la famosa Tutelatón; al igual que la movilización jurídica internacional, alrededor del sistema interamericano de derechos humanos, con sus respectivos órganos: La CIDH como órgano ejecutivo del sistema; y La Corte Interamericana, como órgano judicial de la convención americana sobre derechos humanos.

La integralidad de la estrategia fue decisiva en el triunfo del movimiento ciudadano PETRO NO SE VA. En ocasiones fue la tutela la que protegió los derechos políticos del alcalde; en otras, fue el Consejo de Estado, con sus medidas cautelares en favor del mandatario, lo que le permitió a éste, terminar su periodo legal de gobierno. La CIDH hizo lo suyo con sus respectivos pronunciamientos y las medidas cautelares en favor del burgomaestre que, entre otras cosas, no fueron acogidas por nuestro nobel de paz, vaya que ironía. Hasta su más reciente actuación institucional que en forma de recomendaciones al Estado Colombiano, le fija dos meses para su cumplimiento, de lo contrario, entregara el caso Petro para que sea conocido y fallado por la Corte Interamericana sobre derechos humanos.

Las recomendaciones de la CIDH son las siguientes:

  • Restauración plena de los derechos políticos y civiles de Gustavo Petro Urrego.
  • Armonizar la legislación interna, particularmente las disposiciones de la constitución y del código disciplinario único, que contemplan la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la procuraduría, en virtud de su poder disciplinario.

Para comprender las recomendaciones formuladas por la CIDH al Estado Colombiano es indispensable señalar que Colombia como Estado soberano, suscribió la convención americana sobre derechos humanos en el año de 1.969 en san José de Costa Rica. Ratificado en forma posterior por el Congreso de la República, mediante ley 16 de 1.972. La convención americana en su artículo 23, establece que ningún funcionario público de elección popular puede ser destituido por autoridad administrativa alguna, salvo cuando medie una sanción penal en contra del funcionario disciplinado.

Para mayor ilustración, transcribo en forma literal el articulo 23 de la convención americana sobre derechos humanos:

Artículo 23. Derechos Políticos.

  1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
  2. a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  3. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal.

Tras las recomendaciones de la CIDH, el Consejo de Estado, en sala plena de mediados del mes de noviembre del año en curso, decidió tumbar la destitución e inhabilidad por 15 años que pesaba contra Petro, proferida por el ex-procurador Alejandro Ordoñez en diciembre de 2013. La votación fue casi unánime, 17 votos a favor y uno en contra. El magistrado ponente Cesar Palomino argumentó que no se pudo comprobar el dolo o la mala intención del alcalde Petro, en la expedición e implementación del decreto 564, por medio del cual se puso en funcionamiento el nuevo esquema del servicio público de aseo. A diferencia de las tesis esgrimidas por Ordoñez, quien baso su determinación en las causales de mala fe para destituir e inhabilitar al mandatario distrital.

El círculo del despotismo disciplinario, el dogmatismo ideológico convertido en razón de estado, el fanatismo religioso trasladado a los organismos de control, utilizados como herramientas de persecución política en contra de quienes se atrevan a dudar de sus postulados oscurantistas llegó a su fin. Las decisiones recientes de la CIDH y el Consejo de Estado respectivamente así lo demuestran.

La gran conclusión de este proceso, cargado de arbitrariedades, conjuras y complots, orquestados por las élites del poder para destruir una novedosa experiencia de gobernanza, plasmada en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, es el poder de las multitudes como forma de resistencia democrática, de preservación y restauración de los derechos políticos y civiles, de hacer respetar el derecho a elegir y ser elegido. Como cantaban los manifestantes en la plaza de Bolívar: PETRO NO SE VA PORQUE MI VOTO SE RESPETA.

Los resultados de este nuevo paradigma de movilización social hablan por sí solos: Petro no se fue, gobernó hasta el último día de su mandato; la CIDH y el Consejo de Estado le restauraron en forma plena sus derechos políticos y civiles; y tal vez, el triunfo democrático más destacado de esta proeza ciudadana es : “Armonizar la legislación interna, particularmente las disposiciones de la constitución y del código disciplinario único, que contemplan la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la procuraduría, en virtud de su poder disciplinario”.

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