Sobre la enseñanza religiosa en los establecimientos docentes del Estado

Mario Madrid-Malo Garizábal

Mario Madrid-Malo Garizábal

Profesor Distinguido de la ESAP



¿Pueden impartirse clases de religión en los centros educativos del Estado colombiano, que constitucionalmente se proclama como aconfesional o laico?

Según lo dispuesto por el cuarto inciso del artículo 68 de la Constitución los padres de familia “tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores”. Este derecho puede ser ejercido por los progenitores no sólo con respecto a la educación de índole confesional, sino con relación a todos los esquemas adoptados por la acción planeada y sistemática que se adelanta para lograr la promoción total de la persona mediante el pleno desarrollo de sus diversas capacidades.

No corresponde al Estado, sino a los padres, decidir cuál es el modelo educativo que conviene al niño. La potestad parental es ontológica, y no puede ser de modo arbitrario interferida por las autoridades públicas. El artículo 18,4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13,3. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el artículo 12,4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de padres y tutores para escoger con respecto a sus hijos y pupilos el tipo de educación religiosa y moral que mejor responda a sus propias convicciones.

Este derecho es “preferente” según el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y comprende —con arreglo al artículo 5º,1,b) de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960— el derecho a elegir establecimientos docentes distintos a los mantenidos por los poderes públicos, el derecho a dar a los niños educación religiosa y moral, y el derecho a no ser obligado a recibir una instrucción religiosa incompatible con las convicciones personales.

Por su parte el cuarto inciso del artículo 68 de la Constitución dispone: “En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”. Los establecimientos educativos del Estado son las escuelas, los colegios, las universidades y demás centros de instrucción costeados con fondos oficiales y atendidos por servidores públicos. En dichos establecimientos la educación religiosa únicamente puede tener carácter facultativo u opcional, aunque dentro de los planes de estudio se otorgue a tal enseñanza el rango de disciplina fundamental. Todo padre de familia —en nombre de su hijo menor de edad— y todo alumno mayor de 18 años tienen plena libertad para rechazar la educación religiosa impartida en un plantel estatal.

En el artículo XII del Concordato de 1973 — artículo hoy declarado inexequible por la Corte Constitucional— se pactó que los planes educativos para los niveles de primaria y secundaria incluirían, en los establecimientos oficiales, “enseñanza y formación religiosa según el Magisterio de la Iglesia”. Aunque esta educación confesional tenía, a la luz del texto concordatario, un claro carácter facultativo, finalmente se impuso con alcance obligatorio a los estudiantes católicos. En efecto, al firmarse en Roma, en 1975, el Acta de Canje del Concordato aprobado por la Ley 20 de 1974, los plenipotenciarios declararon que la asistencia a la enseñanza religiosa prevista en el artículo XII del Concordato no sería obligatoria para quienes —por sí mismos o representados por sus padres— pidieran dispensa de ella.

La declaración de los plenipotenciarios convirtió en obligatorio lo que había sido pactado como opcional. Al exigirse una solicitud de dispensa como requisito para exonerar a los estudiantes católicos de la asistencia a los cursos de religión, tales cursos dejaron de ser facultativos. Cuando una educación es ofrecida como opcional —como algo sujeto a la facultad de elegir— quien la rehúsa no tiene por qué formular solicitud dispensatoria alguna. Sólo se dispensa de lo que está obligatoriamente impuesto.

Promulgada la Constitución de 1991, quedó muy claro que quienes no desean recibir la educación religiosa ofrecida en los institutos del Estado tienen derecho a rehusarla en silencio, sin que estén obligados a formular ante las autoridades educativas peticiones de exoneración o de dispensa. Esa educación sólo debe impartirse a los estudiantes que expresamente, representados por sus padres —en el caso de los menores— o por su propia iniciativa —si son adultos—, manifiesten la voluntad de recibirla.

La Constitución de Colombia no se opone a que el Estado ofrezca en sus centros docentes una educación confesional de tipo facultativo u optativo. Se opone, sí, a que se haga obligatoria la asistencia de los alumnos a cualquier curso de enseñanza religiosa. Por ello aun los estudiantes católicos de los institutos oficiales tienen ahora reconocida y garantizada la libertad de negarse a participar en cursos de religión que expongan la doctrina y la moral de su Iglesia.

Según lo dispuesto en el artículo 6º,h) de la Ley 133 de 1994 la voluntad de no recibir enseñanza de carácter religioso en un plantel del Estado “podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz”. Esta norma viola, de manera ostensible, el artículo 68 de la Constitución. Si en los establecimientos estatales ninguna persona puede ser obligada a recibir educación religiosa, quienes deben hacer manifestaciones de su querer a la hora de matricularse son aquellos que desean ser destinatarios de tal educación, no los que por cualquier motivo la rechazan. Si la Carta Política declara no obligatoria cierta área educacional, ella sólo debe abrirse a los que de modo expreso hayan optado por aceptarla.
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