El acuerdo hecho trizas: Carlos A. Lozano Guillén

Carlos Lozano

El ex comisionado de paz Sergio Jaramillo cuando se retiró del cargo pronunció una frase lapidaria: “La FARC cumplieron, ahora le corresponde cumplir al Gobierno”. La misión de las Naciones Unidas en Colombia, encabezada por Jean Arnault, también planteó que las FARC cumplieron y el Gobierno Nacional y el Estado no. Y, por supuesto, los dirigentes del ahora partido político FARC, más directos dijeron al cumplirse, el pasado 30 de noviembre, el tiempo del fast track, que lo aprobado con modificaciones, lo no aprobado y lo pendiente, demuestra que el acuerdo ya quedó hecho trizas que es el sueño dorado de los uribistas y de los enemigos de la paz.

Y todos tienen razón, en particular la ONU que ha tenido el encargo de “monitorear” todo el proceso. La primera parte de la gestión de la misión de la ONU, estuvo dedicada a verificar el cumplimiento por parte de las FARC, hasta el 30 de septiembre del presente año. Y el resultado, según el informe con el balance del periodo, la entonces guerrilla fariana cumplió a cabalidad. Entregó el informe de los bienes tan cuestionado por el acucioso fiscal Néstor Humberto Martínez, dedicado a ponerle zancadilla al proceso de paz; hizo la entrega de las armas, superando el promedio de una por combatiente; y entregó 900 guacas con bastante cantidad de armamento pesado y explosivos; y finalmente hizo el tránsito hacia la conformación de un partido político que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). La conclusión es evidente: ¡Cumplieron la palabra empeñada! En contraste, el Gobierno Nacional no entregó ni una sola de las zonas veredales con la infraestructura completa, no ha ejecutado la amnistía y el indulto prometido para los combatientes que la deben recibir y las cárceles siguen llenas de prisioneros de guerra; no hay seguridad integral respecto a la protección de los dirigentes y militantes del partido Farc, varios asesinados a estas alturas, tampoco seguridad jurídica pues, como se dice antes, no está en firme la amnistía y tampoco seguridad social que le garantice a los ex combatientes su modus vivendi. Y como si fuera poco, no cumplió a cabalidad las metas de la implementación, cuyo tiempo culminó el pasado 30 de noviembre sin pena ni gloria a pesar del fast track.

Respecto de la implementación, según el presidente Juan Manuel Santos, el vaso quedó medio lleno, repitiendo el cuento del Instituto Kroc que quien sabe dónde hizo la investigación. Todos los entendidos y analistas que han hecho el balance a la luz de los resultados, utilizando el símil, aseguran que el vaso está por debajo de la mitad. El déficit es enorme, pues proyectos importantes y de tanto beneficio para la sociedad como las reformas sobre el desarrollo agrario (primer punto de la agenda) y la reforma política (segundo punto de la agenda) no fueron aprobadas. En el primer caso ni siquiera la debatieron y la segunda fue hundida porque estaba tan desvirtuada que no valía la pena. Las circunscripciones especiales territoriales, asignadas a las organizaciones de víctimas del conflicto fue negada, aunque a última hora, los voceros gubernamentales dicen que sí lo fue, porque la ley quinta (reglamento del Congreso) y sentencias de la Corte Constitucional, establecen que el quorum reglamentario debe entenderse de otra manera a como lo hizo la mesa directiva del Senado y los cincuenta votos logrados a favor del proyecto son suficientes para su aprobación. ¡Amanecerá y veremos! La Justicia especial de Paz fue aprobada pero con inhabilidades para sacar a los magistrados que provienen de organizaciones no gubernamentales y de sectores democráticos, como si no tuvieran derecho a participar en las decisiones trascendentales de la paz para Colombia. Son los protagonistas de la paz y se les quiere negar el derecho a su participación en la implementación del Acuerdo.

Pero más allá de lo anecdótico ¿qué pasó?

Primero, que el Gobierno Nacional se quedó solo. Fue incapaz de comprometer a los poderes del Estado de la necesidad de contribuir a la paz. Un bien supremo, tutelado por la Carta Política y considerado “política de Estado”, fue manoseado y bloqueado de distintas maneras por el legislativo y el judicial. El fiscal Martínez, por ejemplo, está dedicado, inclusive en el exterior, a lanzar torpedos contra la paz. Es una ficha de Cambio Radical y su candidato Vargas Lleras. Tampoco fue capaz de unir a su bancada de Unidad Nacional. Cundió la indisciplina y la politiquería, hasta el punto que Cambio Radical, el partido de John Calzones y de Kiko Gómez, que más miembros tiene en la cárcel por parapolítica y corrupción, terminó aliado a Cambio Democrático de Álvaro Uribe Vélez. La U, los conservadores y los liberales, también tuvieron congresistas que se resistieron a apoyar los proyectos del Gobierno Nacional.

Segundo, algunos analistas opinan que es un verdadero conejo al Acuerdo Final de La Habana. Una traición a la ex guerrilla que sí cumplió. Dejadas las armas y convertidas en fuerza política (dejó ya de ser guerrilla), el establecimiento, y el Gobierno que lo representa, no le ve sentido a cumplir con lo demás.

Tercero, al final se impuso la politiquería y el clientelismo tradicional, que cerró filas contra la reforma política y todo cambio democrático. Esa clase política tradicional de veteranos y jóvenes, algunos de ellos herederos de la cauda política del padre u otros familiares, saben que la clave de sus victorias electorales está en el régimen actual, que ellos consideran inmodificable. La corrupción, la mermelada, la politiquería, sus nexos con la ilegalidad (paramilitares, narcotraficantes y otras mafias), la violencia, la compra de votos y otros chanchullos, es lo que les permite subsistir como congresistas, diputados, alcaldes, gobernadores y caciques políticos nacionales o regionales.

Cuarto, se confirma el temor a los cambios democráticos por parte del establecimiento y la oligarquía colombiana. Esa resistencia a cambiar es la causa fundamental del fracaso de anteriores diálogos de paz. Le tienen pánico a la democracia, se acostumbraron a gobernar, apoyados en la violencia y en la injusticia social. Creen que los modelos de democracia restringida y de economía del libre mercado neoliberal, son innegociables, no se pueden cambiar y los sostienen hasta con la guerra.

Habrá que ver si se puede recomponer la situación. No se ve fácil, pero sí le corresponde a los sectores democráticos y a los amigos de la paz que son una fuerza real en el país, movilizarse y presionar para que se cumpla el Acuerdo Final de La Habana. Es el mejor mensaje para el ELN que dialoga en Ecuador, porque de lo contrario no llegará hasta el final ante el temor de que no les cumplan,

Carlos A. Lozano Guillén

Director del semanario Voz

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